Frenéticas negociaciones en el Senado para arrancar esta semana con el debate de la reforma laboral

Tras formalizar el llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno apura en el Senado el tratamiento en comisión del proyecto de modernización laboral y Patricia Bullrich avanza en las conversaciones con los presidentes de los bloques de la oposición para definir el armado de las comisiones que deberán dictaminar sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo.

En principio, la intención de la Casa Rosada es formalizar este miércoles la conformación de las comisiones por las que pasará la reforma laboral, propuesta que aún no ingresó a la Cámara alta, porque según confiaron están definiendo “algunos detalles”. La propuesta debería pasar al menos por las comisiones de Trabajo y Previsión, y de Presupuesto.

Fuentes parlamentarias revelaron a Clarín que la intención del oficialismo es que Bullrich quede a cargo de la comisión de Trabajo, que será la cabecera del debate. De esta manera, la ex ministra de Seguridad reemplazará a la cordobesa Carmen Alvarez Rivero mientras que el jujeño Ezequiel Atauche sería ratificado al frente de Presupuesto, por lo menos en este período de extraordinarias.

En las negociaciones está interviniendo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien deberá oficializar la agenda para el tratamiento de los proyectos. El oficialismo busca darle un tratamiento exprés a la reforma laboral y el objetivo sería aprobarlo en extraordinarias.

El plan del Gobierno no parece sencillo y desde el propio oficialismo ven pocas probabilidades de que se puedan conseguir las mayorías para un trámite exprés.

La propuesta, que ingresaría este miércoles al Senado, apunta a bajar los costos laborales y reducir las cargas patronales con la intención de generar más empleo formal. Además, el oficialismo busca recortar la base de cálculo de las indemnizaciones -no se incluyen las vacaciones o el aguinaldo-, y se propone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos.

En el aspecto sindical, la iniciativa limita la convocatoria y la realización de las asambleas del personal fuera y dentro de las empresas. Según la disposición, los trabajadores tendrán que contar con la autorización previa del empleador respecto sobre el horario, la duración de las asambleas y el lugar de su realización.

Tal como informó este diario, quienes participen no percibirán el salario durante el tiempo que demande la asamblea. Además limita la actividad sindical al imponer que los delegados del personal tendrán derecho a 10 horas mensuales para realizar sus actividades.

Además se califica como “prácticas desleales y contrarias a la ética” aquellas actividades que la organización sindical realice interviniendo o interfiriendo intencionalmente el desenvolvimiento de la actividad de la empresa.